El 19 de septiembre de 2021 comenzó la última erupción en la isla de La Palma, y concluyó 85 días después, el 13 de diciembre. El volcán reventó en la parte alta del Valle de Aridane, en un paraje conocido por Cabeza de Vaca, y, dada su ubicación, era previsible que la lava, en su camino al mar, discurriera por zonas pobladas y de gran valor agrícola, por lo que se pronosticaban importantes daños materiales. A fin de justificar los daños sufridos, una primera dificultad que se evidenció era que muchos de los inmuebles de la zona carecían de escrituras públicas actualizadas y de inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que sería muy complicado para los afectados probar su titularidad para acceder a las posibles ayudas, indemnizaciones o justiprecios.

El Notariado, consciente de la extensión y gravedad del problema, del ingente trabajo a afrontar y de su dificultad, vio la urgencia de poner en el plazo más breve posible a disposición de todos los afectados la documentación adecuada que les permitiese justificar ante las administraciones públicas sus derechos y la situación económica y jurídica de sus inmuebles. La propuesta para solventar esta necesidad fue dada por el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de las Islas Canarias y la rápida respuesta normativa cristalizó en el Real Decreto Ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptaron medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Su artículo 49 previó la creación de notarías especiales y temporales y el mecanismo para la habilitación de los notarios, a fin de prestar su servicio en esas notarías para atender a los afectados por la erupción del volcán. Estas actuaciones notariales serían gratuitas. En aplicación de este artículo se pudieron demarcar, con carácter temporal, tres nuevas notarías especiales en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, que fueron los términos directamente afectados por la lava. Para cubrir las tres plazas se invitó a todos los notarios de España para que participasen como voluntarios por periodos breves, la mayoría de una o dos semanas. Los tres primeros voluntarios fueron José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Francisco Cantos Viñals, decano del de Valencia, y quien escribe, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias. Hasta el momento, medio centenar de notarios de toda España han dejado sus despachos y acudido a La Palma a prestar sus servicios de forma altruista en estas notarías.

El día 2 de noviembre se abrieron al público las tres notarías. Durante estos meses se han atendido miles de consultas y se han autorizado más de mil actas de notoriedad. Además del evidente beneficio jurídico y económico, el servicio prestado en estas notarías tuvo para los afectados un efecto tranquilizador y esperanzador, generador de confianza. La experiencia ha resultado muy positiva por lo que tanto los afectados como las autoridades de la isla nos han hecho llegar su reconocimiento y agradecimiento. Los notarios provenientes de toda España que de forma solidaria y altruista han dejado sus despachos para prestar sus servicios en las notarías especiales, han sido más de cincuenta a los que quiero, mostrar nuestra admiración, reconocimiento y agradecimiento por su entrega generosa y por el buen trabajo realizado.

Por Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias.