Y de pronto, el 19 de septiembre de 2021, erupcionó el volcán, todavía sin nombre. En 85 días, hasta que se apagó el 25 de diciembre de 2021, las coladas de lava sepultaron, según el último cálculo del satélite Copernicus, 1.241 hectáreas y 2.988 edificaciones de todo tipo: residenciales, agrícolas, industriales, de ocio, hostelería, de uso público como carreteras, plazas, templos y colegios, y todo tipo de plantaciones, especialmente las plataneras.

Esta zona fue borrada del mapa y, en su lugar, solo quedó un manto de lava que cubre el suelo y que puede tardar, según los expertos, entre 9 meses y 2 años en enfriarse y solidificarse; pero, aún enfriadas por completo las coladas, la emisión de los gases nocivos que emanan hará que esta zona sea poco saludable por bastante tiempo. En definitiva, que no se calcula un uso aprovechable de este suelo hasta pasados 15 o 20 años como mínimo.

Por otra parte, no dudo que en nuestro estado social de derecho (artículo 1 de la Constitución española) todas las administraciones competentes se coordinarán eficazmente para permitir a las 7.000 personas desplazadas y a las cerca de 2.400 directamente afectadas rehacer sus vidas dignamente con un tantumdem, es decir, con un equivalente a lo perdido. Por lo menos en cuanto al suelo y construcciones ya que nunca podrán ser justamente compensados en cuanto al resto del daño.

Y la pregunta es ¿qué es lo que tenías? La respuesta es que los parientes, los vecinos y los amigos, todos ellos saben lo que cada cual tiene,  aquí la propiedad no se discute. La tierra viene de herencias de generaciones, las casas y construcciones se han ido haciendo poco a poco por distintitas familias emparentadas que se dividen las tierras con hitos, las viviendas por plantas y demás edificaciones con paredes, sin necesidad de segregaciones, ni divisiones horizontales ni verticales.   

No obstante, la Administración, para compensar, necesita algo más sólido jurídicamente, y es aquí donde apareció el voluntariado notarial, auspiciado por el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, cuyo colegio se ha hecho cargo de la notaría de Los Llanos de Aridane, coadyuvado por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos, cuyo colegio se ha hecho cargo de la notaría de El Paso, y por el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, cuyo colegio se ha hecho cargo de la notaría de Tazacorte. Creadas las tres notarías por el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, para dar pronta respuesta al drama.

La solución estriba en autorizar actas de notoriedad por un grupo de notarios solidarios que de forma altruista han dejado sus despachos para desplazarse a la notaría asignada para facilitar, a quien ha perdido algo o lo ha perdido todo, un título que nunca tuvo porque nunca lo necesitó, pero que ahora es su única esperanza para que sea atendido por la Administración y poder recomponer de nuevo su vida familiar y vecinal en otra vivienda de la isla, o su vida como agricultor o empresario en otra tierra.

Esta ha sido la grandeza del cuerpo notarial, un cuerpo jurídico del Estado, que ha sabido dar una respuesta rápida y eficaz a quien más lo necesita, dándole seguridad a él y al Estado, representado por sus administraciones.

Por Albert Domingo Castellà, notario en Vilassar de Mar (Barcelona).